Haciendo uso de esta competencia, el Parlamento de Cantabria aprobó la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria, en cuya elaboración se tuvieron en cuenta los principios generales que inspira la normativa estatal en esta materia, respetando sus preceptos básicos, y al mismo tiempo las necesidades particulares que precisaba el comercio de Cantabria para su regulación.